Los funcionarios han dado la espalda a los sindicatos en el paro general convocado el martes en la Adminsitración pública. No porque estén de acuerdo con el 'detretazo' de Zapatero, que no sólo ha congelado sus sueldos si no que se los ha rebajado hasta un 10%, sino simplemente porque los trabajadores públicos no están dispuestos a apoyar ahora a UGT y CC OO después de más de seis meses haciéndoles el juego y en actitud servil con la política del líder socialista.
La huelga de funcionarios públicos y del personal laboral de la Administración Pública que se ha celebrado en protesta por la reducción salarial de este colectivo ha tenido un seguimiento masivo según las organizaciones sindicales convocantes, aunque el Gobierno calcula una participación mínima del paro.
La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha cifrado en una media del 11,85% el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado hasta las 17.00 horas, y reiteró que el paro se ha llevado a cabo con "normalidad".
En rueda de prensa, la secretaria de Estado precisó que en este porcentaje no se incluye al personal que ha cubierto los servicios mínimos, en torno al 6%, y destacó que es la primera vez que el Gobierno excluye los servicios mínimos del cómputo total, dentro de la Administración General del Estado, y que lo ha hecho a petición sindical
Entre los "incidentes menores" de la manifestación, Rumí lamentó el retraso de entre 30 y 60 minutos del Ave Madrid-Sevilla, a lo que restó trascendencia por "formar parte de los incidentes".
A primera hora de la mañana, la responsable de la Función Pública fijó en una media del 15,94% el seguimiento de la huelga durante el turno de noche, por lo que aseguró que los casi 2,5 millones empleados públicos llamados al paro lo han secundado en "menor medida" durante la mañana.
Seguimiento 'similar' en educación y sanidad
En cualquier caso, tanto los sindicatos como el Ejecutivo admitieron que el paro no ha afectado al funcionamiento de la Administración ni de los principales servicios públicos como la Sanidad o la Educación.
Los sindicatos, por otro lado, advirtieron de que el paro no es ni un experimento ni un ensayo de una eventual huelga general que se pueda convocar más adelante, sino que obedece a una protesta concreta, la del recorte salarial del funcionariado.
Las organizaciones sindicales convocantes de la huelga, UGT, CCOO y CSI-CSIF, cifraron este mediodía la participación en el 75,3%, cifra que contrasta con la calculada por el Gobierno -aunque sólo para la Administración General del Estado- hasta las 13.00 horas, que era del 11%.
Por comunidades autónomas, Asturias y Galicia han sido las que más seguimiento han registrado según los sindicatos, con una participación del 81% y del 80%, respectivamente, y es el País Vasco donde menos se ha secundado el paro (40%).
Los sindicatos consideraron esta mañana que los servicios mínimos marcados por las distintas administraciones han sido excesivos, con una "ingeniería" que se "ha superado a sí misma", en palabras del líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Por el contrario, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, aseguró que las instrucciones del Ejecutivo para los servicios mínimos han sido "clarísimas" y que dichos servicios sólo han afectado al 6% de la plantilla total. Rumí subrayó que los servicios mínimos esenciales han garantizado el normal funcionamiento de los servicios básicos y de la atención a los ciudadanos sin incidencias destacables y con incidentes "menores".
Citó no obstante algunas incidencias normales en su opinión dentro de un paro como la presión de los piquetes en la sede de los Nuevos Ministerios en Madrid o en una estación de autobuses en Extremadura, así como pintadas, alguna línea de tren paralizada durante algún tiempo o daños en cerraduras, "un clásico" de las jornadas de huelga.
En Barcelona se produjo el incidente más destacado de la mañana, cuando un grupo de huelguistas cortaron la avenida Diagonal de Barcelona con la quema de varios neumáticos frente al Palacio de Pedralbes, lo que provocó importantes retenciones en el tráfico, aunque más tarde fueron retirados por los servicios de limpieza para dejar el paso libre a los vehículos.
Además de la manifestación central que se ha celebrado en Madrid, hubo una concentración por la mañana a las puertas del Ministerio de Economía que contó con la asistencia de los dirigentes de las secciones de la función pública de UGT y CCOO y los responsables del otro sindicato convocante, CSI-CSIF. En esta concentración, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT -organización mayoritaria en la función pública-, Julio Lacuerda, advirtió de que los sindicatos "no pararán" hasta que se restituya el salario de los empleados públicos, "sea cual sea el Gobierno que gobiere".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, apuntó que "recortar los salarios a los más débiles no es la solución para salir de la crisis porque mermará la capacidad del consumo", y recordó que otros países europeos han optado por la fiscalidad para reducir el déficit.
También el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcioarios (CSI-CSIF), Domingo Fernández, consideró que se deberían haber recortado otras partidas, y denunció así que las administraciones públicas autonómicas y locales han vivido "en el despilfarro" en los últimos años.
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